León, Gto.
Con información de a.m., El Heraldo de León, Correo y Milenio
La tortura como método para obtener una confesión es práctica frecuente entre los cuerpos de Seguridad Pública del estado de Guanajuato.
Según informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato (PDHG), tan sólo en el último año, de las 940 quejas que recibió, 33 fueron denuncias por actos de tortura, dirigidos tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG), como a la Policía Municipal de León y también contra Centros de Readaptación Social.
De esas 33, 14 continúan en proceso y cinco más tuvieron las pruebas suficientes para argumentar que existió tal práctica, por lo que hubo siete recomendaciones emitidas por Derechos Humanos, la última en julio de 2008 dirigida a la Presidencia Municipal de León.
En marzo y noviembre de 2007 hubo dos recomendaciones más para la PGJEG, con lo que en total acumula 8 por este delito.
De estas recomendaciones, tres han sido directamente para policías ministeriales de Silao, Acámbaro y San Felipe por torturar a personas acusadas de algún delito. En las corporaciones de Celaya, Irapuato, Guanajuato y León se pidió al Ministerio Público no suspender el examen médico-psicológico en detenidos que denunciaran haber sido sometidos a esos actos.
Aunque según la PDHG todas las recomendaciones emitidas fueron acatadas, en algunos casos la Procuraduría General de Justicia aplicó la ley a medias.
Mientras que en la recomendación hecha a la Presidencia Municipal de León en donde se pidió culminar con la sanción correspondiente por tortura de un ciudadano a 3 policías preventivos, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 264 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, la resolución fue destituirlos de su cargo.
En el caso de Silao, donde se ordenó lo mismo en contra de siete ministeriales el 12 de marzo de 2007, por lo menos dos de ellos fueron reacomodados en otro municipio.
Se trató de los agentes Felipe Martínez Frausto y Miguel Ángel Aguilar Nanni, cuyos nombres volvieron a aparecer en otra recomendación hecha por Derechos Humanos, esta vez para el municipio de Acámbaro, por prácticas de tortura en el caso de Valentín Gómez Martínez, acusado del asesinato del comandante José Concepción Corona Colunga y cuya resolución fue dictaminada el 17 de septiembre de 2008 por parte de la PDHG.
Este año, lejos de parar las prácticas, fue registrado el caso más grave de tortura ocurrido en Guanajuato, el cual quedó asentado en el expediente 21/09, por la muerte de Vicente Palomo Rodríguez, a quien presuntamente la Policía Ministerial de San Felipe torturó hasta matarlo durante un interrogatorio.
Además, en la Subprocuraduría de León existen otros tres expedientes abiertos, de los cuales no se pueden dar a conocer más detalles hasta que exista una resolución, aunque una de ellas tiene que ver con el caso de tres presuntos secuestradores de la colonia San Martín de Porres, ocurrido el 15 de enero.
El Ombudsman de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que en ningún caso se puede tolerar que este método de confesión siga existiendo entre las diversas corporaciones policíacas del estado, pues incluso un solo caso sería intolerable.
“Aunque hubiera un solo caso de tortura es gravísimo, no puede haber casos de tortura en el estado ni en ninguna parte del País. Yo he dicho que vamos a ir en dos vertientes: defender los derechos de las víctimas, pero también de los que son privados de su libertad”, declaró.
Denuncian más casos de tortura
Roberto Espinoza es otra víctima de la tortura que practican policías ministeriales.
El 18 de noviembre, dos elementos adscritos a San Felipe lo golpearon hasta desmayarlo para obligarlo a declararse culpable de un accidente vial en el que no participó y en el que estaba involucrada la esposa de un regidor del Municipio.
Fue torturado en la misma habitación en que Vicente Palomo Rodríguez fue agredido hasta fallecer.
Roberto y su esposa Ofelia aseguran que uno de los policías que lo golpearon es Juan Antonio Zavala, preso por el homicidio de Palomo Rodríguez.
Pero Roberto no fue el único torturado, su hermano Martín recibió cachetadas y golpes; al salir del ‘interrogatorio’ sangraba de un oído.
“Me dieron puros golpes y patadas, uno (de los policías) me jalaba del cabello, me tenían hincado, querían que me confesara culpable del golpe”, relató Roberto.
Actualmente existe una averiguación previa en el Ministerio Público de San Felipe, derivada de las lesiones que Roberto sufrió durante el interrogatorio, pues tuvo que ser internado dos días en una clínica.
“Cuando me metieron al cuarto, mi hermano estaba llorando; estaba escurriendo de sangre, un policía güero me dijo: ‘Pásale’, y del golpe me tiró en la silla donde estaba mi hermano...
“Me siguieron golpeando en los oídos, sentía que la cabeza me quería tronar, ya no aguantaba los golpes, me agarraron de las greñas y me hincaron, el güero fue el que me empezó a patear y me desmayé de rato, yo ya no aguanté los golpes”, relató.
Cuando el afectado despertó seguía sentado y el mismo policía que lo pateó le gritaba. Luego le colocó una pistola en la frente y amenazó con matarlo. Finalmente, lo sacaron de la oficina. El problema de Roberto comenzó a principios de noviembre, cuando su hijo, entonces de 17 años, supuestamente impactó una camioneta de su tío Martín con el automóvil que conducía la esposa de un regidor de san Felipe, que interpuso una querella.
Durante las investigaciones, dos Policías Ministeriales ‘se llevaron’ a Roberto y a su hermano Martín a las oficinas del Ministerio Público, la tarde del 18 de noviembre.
Olvidan iniciativas contra la tortura
Dos iniciativas, del PRI y PAN, para aumentar las penas del delito de tortura, están en la “congeladora” del Congreso local desde hace cinco meses.
La Comisión de Justicia, que es la encargada de analizarlas por proponer ambas reformas al Código Penal, no las ha discutido ni estudiado.
Ambas fueron presentadas días después del escándalo en León por las torturas realizadas por capacitadores.
El delito de tortura ya existe desde hace años en el Código Penal del Estado, tipificado en el artículo 264 como la propiciada por “el servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación”.
Se castiga con de dos a 10 años de prisión y de 100 a 200 días de multa, y despido e inhabilitación permanente para el desempeño de la función.
Iniciativa del PRI
Fue presentada el 1 de agosto de 2008 y propone incrementar la pena de tres a 12 años de prisión, además agrega que la misma pena se aplicará a un tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves físicos o psicológicos a una persona y que atenten contra su integridad moral.
Iniciativa del PAN
La iniciativa del PAN fue presentada el 14 de agosto, propone aumentar la pena de tres a 10 años de prisión y plantea que “no se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentes a éstas o a un acto legítimo de autoridad”.
Condena oposición tortura a detenidos
Líderes estatales del PRI, PRD, PVEM y Convergencia, reprobaron los medios de tortura utilizados por policías ministeriales que terminaron con la vida de Vicente Palomo Rodríguez.
Los policías ministeriales Daniel Méndez Bazaldúa y Jorge Antonio Zavala Rodríguez quedaron formalmente presos, luego de que un juez penal encontró elementos para procesarlos como probables responsables de asfixiar a un detenido.
El martes 20 de enero los policías ministeriales detuvieron en San Felipe a Vicente Palomo, acusado de abigeato.
De acuerdo con la confesión de los policías, fue sometido a tortura física con toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, además de colocarle una bolsa en la cabeza. El detenido falleció a consecuencia del tormento.
Los líderes de algunos partidos políticos en Guanajuato condenaron la tortura a la que fue sometido Vicente Palomo y que culminó con su muerte, con excepción de Fernando Torres Graciano, del PAN, a quien a.m. buscó desde la tarde del miércoles pero no contestó las llamadas a su número personal.
‘SÓLO ESO FALTABA’. Miguel Ángel Chico
Miguel Ángel Chico Herrera - Dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato
“Aquí están las pruebas y las consecuencias. Nada más eso nos faltaba a los guanajuatenses después de tener ejecutados y ajustes de cuentas. El Gobernador se la vive en fiestas, en acarreos con los programas sociales y ahora yo no sé de veras, ya nada más nos faltaba este asunto”.
‘CRIMEN DE ESTADO’. Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya - Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Guanajuato
“Es un crimen de Estado, porque la autoridad no tiene manera de justificar que si entró el detenido caminando y lo mataron como producto del ejercicio de la tortura para sacarle una confesión y proteger a los verdaderos sinvergüenzas... la Policía Ministerial como parte del Estado, mató a un presunto delincuente...”.
‘APRENDEN TÉCNICAS’. Beatriz Manrique
Beatriz Manrique Guevara - Líder del Comité Directivo Estatal del PVEM en Guanajuato
“El año pasado nos dijeron que estábamos exagerando, que eran técnicas que se daban en todo el mundo para preparar a los policías. Es muy riesgoso enseñarles técnicas de tortura si no tenemos cuerpos policíacos suficientemente preparados, porque acaban como esto, como un crimen verdaderamente vergonzoso”.
‘INGOBERNABILIDAD’. Eduardo Ramírez
“No tenemos un Secretario de Seguridad que realmente cumpla con sus funciones. Desgraciadamente tratan de ocultar la ineficiencia y tratan de minimizar las cosas que están sucediendo cuando cada vez son más graves. Esto no demuestra más que una ingobernabilidad en el Estado de Guanajuato”.
Pide gobernador cero impunidad en tortura
El Gobernador Juan Manuel Oliva pidió que no haya impunidad y se sancione lo que amerite castigo en el caso de los dos policías ministeriales que mataron a un detenido después de torturarlo.
“Lo que yo pienso es que se aplique la ley, que no debe existir impunidad y yo espero que el Procurador y las instancias que llevan el proceso judicial cumplan con su deber y cumplan con su función.
“Es la claridad que quiero dejar, yo desde un principio le dije al Procurador: que se clarifique lo que pasó, que se sancione lo que haya que sancionar, no puede haber impunidad en este gobierno de información que tengamos constatada, que se aplique la ley”, expresó en entrevista.
Juan Manuel Oliva Ramírez - Gobernador del Estado de Guanajuato
En otro tema, se le preguntó si considera que las dos cabezas encontradas la semana pasada no son una advertencia o un anuncio hacia las autoridades de Guanajuato de parte del narcotráfico.
“Nosotros mantenemos nuestra posición firme ante los hechos. Nosotros no nos vamos a mover un ápice. Nosotros seguimos en el trabajo y seguimos coordinándonos con las autoridades federales y estatales para ir consolidando la seguridad en Guanajuato”.
Juan Manuel Oliva dijo que ha platicado con el Procurador y ambos se mantienen firmes, responsables de la facultad que tienen, conscientes de ella, por ello seguirán al frente y seguirán trabajando.
Interrogado sobre si reforzará su seguridad personal, dijo que él trae la misma seguridad que ha traído en los últimos meses. Pues le preocupa la seguridad de la ciudadanía y es también la que está protegiendo.
