Daniel Chowell Arenas, procurador de Justicia, aceptó que el ganadero Vicente Palomo Rodríguez fue torturado por los elementos de la Policía Ministerial (PME) José Antonio Zavala Rodríguez y Daniel Méndez Bazaldúa, sin embargo, rechazó la aplicación de descargas eléctricas y la utilización de tubos para obligarlo a declarar.
Y aunque reconoció la tortura por parte de los elementos, Chowell Arenas aseguró que "no es una practica común" en la Procuraduría de Justicia y que tales acciones no se toleran, incluso dijo, muestra de ello es que "no hay ningún caso (más) de esos (…) es el único caso", reiteró.
Sin embargo, admitió que ese hecho podría afectar la imagen de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que "no resulta justo que por el actuar irracional y salvaje de dos individuos se tache a todo el resto de los compañeros que están trabajando, somos cerca de 3 mil", expresó.
En tanto, descartó que el ganadero haya recibido descargas eléctricas, como aseguraron los acusados durante su declaración preparatoria, tan es así que "por tratarse de violación a derechos fundamentales ordené que se hiciera la autopsia con la presencia de todos los expertos para que no quedara alguna duda sobre el tema".
Daniel Federico Chowell Arenas - Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato
El abogado del estado, dijo que debido a que los policías sometieron a Vicente Palomo "al tormento", fueron consignados al Juzgado Penal de San Felipe, bajo el cargo de "homicidio calificado con tormento", por lo que se puede determinar que "esos elementos sí" torturaron al ganadero.
Dijo que el "tormento" consistió en "golpes y la compresión (del cuello)".
Listo el informe para Derechos Humanos
El funcionario estatal indicó que ya tiene listo y "sobre su escritorio" la respuesta que el Ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera solicitó para el 30 de enero próximo en la que se detallen los pormenores de la detención, tortura y muerte de Vicente Palomo.
La investigación está abierta
Por su parte, el procurador de Justicia, Daniel Chowell Arenas aseguró que aunado al expediente que se entregó al Juzgado Penal de San Felipe, se desglosó un tanto a fin de continuar las investigaciones contra el Subcoordinador de la PME, José Antonio Muñoz Ramírez, el delegado de zona José Antonio Peña Arias y el subjefe de grupo de San Felipe, Francisco Javier Sandoval Ramírez, toda vez que incumplieron "con el deber de supervisar en todo momento el actuar de todos y cada uno de los elementos bajo su adscripción".
También se encuentra bajo investigación la agente del Ministerio Público, Laura Beatriz Calvillo Correa, encargada directa de la indagatoria de la que formaba parte Vicente Palomo; además, es uno de los funcionarios públicos con los que se continúa con el procedimiento administrativo ante la visitaduría general", refirió el funcionario.
Respecto a las supuestas amenazas que la mujer hizo a la madre de Vicente Palomo de "darle en donde más le doliera" si no se presentaba a declarar, Chowell Arenas dijo, "niego, bueno yo no tengo la certeza de que haya habido esas amenazas o no".
El procurador aseguró que de encontrarse también algún grado de responsabilidad en los otros funcionarios en mención, es posible que se amplíe la acción penal a fin de evitar impunidad.
Castigo a todos, pide abogado
La Procuraduría de Justicia protegió a tres personas que participaron en el asesinato de Vicente Palomo, el campesino que fue asesinado por policías ministeriales; aseguró Luis Sandoval Ascencio, abogado de la viuda, quien señaló que deberían ser cinco los procesados y no solo dos.
Aseguró que pedirá una indemnización para los deudos y que se castigue a todos los involucrados.
El abogado dijo que fueron cinco personas las que participaron, dos comandantes de la policía ministerial, Antonio Peña y Francisco Sandoval Ramírez, y tres policías ministeriales, los dos detenidos y Juan Carlos Durán Silva, al que no se le ejercitó acción penal.
Dijo que los dos ministeriales acusados de homicidio calificado, señalaron que Juan Carlos Durán tiene un primo que trabaja en el GERI, de nombre Gabriel Zaragoza y que gracias a él, el ministerio público no ejerció acción penal en su contra, filiación que descartó el procurador de Justicia.
El abogado dijo que es necesario que la PGJE abra una nueva investigación en base a éstas declaraciones y girar órdenes de aprehensión en su contra. "Si ya los tenía detenidos, si ya tenía sus declaraciones y los suelta, evidentemente fue por protegerlos.
Luis Sandoval indicó que su labor como coadyuvante de los afectados será, por un lado exigir una indemnización a favor de la familia y, por otro, exigir que se proceda en contra de los otros tres que participaron.
"Es increíble que teniéndolos detenidos, con declaraciones y donde todos aceptan su participación, los hayan soltado, es una protección evidente.
Atiende PDHG 15 denuncias
En los últimos nueve meses la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHE) ha iniciado 15 investigaciones por actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) en León, Irapuato, Yuriria, Jerécuaro, Abasolo y Celaya.
Los afectados argumentan en sus respectivas quejas que fueron víctimas de toques eléctricos, intentos de asfixia con bolsas de plástico, golpes y presión psicológica.
Todas las investigaciones, según informó la dependencia, continúan en trámite, por lo que no se ha emitido ninguna recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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