Piden modificar legislación local en materia de tortura

Procuraduría de Derechos Humanos, ONG y oposición.

León y Guanajuato, Gto.
Por: Mauricio Hernández.

Diversos sectores de la sociedad guanajuatense se manifestaron por reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato en lo concerniente a la tortura, luego de los acontecimientos suscitados en el municipio de San Felipe, Gto.

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera solicitó tanto al Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez como a los diputados locales para que modifiquen el tipo penal de tortura contenido en el artículo 264 del Código Penal vigente en Guanajuato, “para que sea acorde a los estándares de protección más altos dictados por el derecho internacional de derechos humanos, considerando como referente obligado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, enfatizó el Ombudsman de la entidad.

Así mismo, destacó que el Estado Mexicano ha adquirido grandes responsabilidades ante la comunidad internacional, ya que la tortura es considerada un crimen imprescriptible de lesa humanidad que constituye por sus consecuencias una afrenta grave a la dignidad de la persona humana.

Por su parte, la diputada priísta en el Congreso del Estado, Bárbara Botello Santibáñez lamentó que hasta la fecha siga en la congeladora legislativa la iniciativa presentada el año pasado por su grupo parlamentario, a raíz de los videoescándalos de la Policía Municipal de León, Gto.

Bárbara Botello Santibánez - Diputada Local PRI

“Este lamentable suceso debe ser ocasión para recalcar la inequívoca y absoluta prohibición de la tortura, reitero la necesidad de desterrar cualquier situación que la propicie y la haga impune”, destacó la también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura.

Este asunto también causó la demanda de armonizar las leyes del estado de Guanajuato, con relación a los acuerdos internacionales como el Protocolo de Estambul de los cuales nuestro país es miembro firmante de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como el Centro Victoria Diez, los dirigentes del PRI, PRD, PVEM y PSD en Guanajuato, así como la oposición en el Congreso Local.